​El jefe de la ciberseguridad nacional no habla de Rusia por mandato de Moncloa

Los incidentes en ciberseguridad que afectan a empresas y ciudadanos han crecido exponencialmente durante los últimos años, llegando a multiplicarse por seis desde 2014 y superando ya los 113.000 hasta el 31 de octubre de este año, según datos aportados por el director del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Alberto Hernández Montero.

Hernández ha comparecido este jueves en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional para dar cuenta del sistema de prevención existente en España para la ciberdelincuencia. Según ha sostenido, el país cuenta con un sistema "eficaz" contra los delitos que se cometen en el mundo del ciberespacio, "muy atractivo" para los ataques por la dificultad de localizar su origen y la facilidad para obtener mucha rentabilidad con pocos medios.

Según ha expuesto, los incidentes gestionados en ciberseguridad han pasado de los 18.000 en el año 2014 a los 50.000 en 2015 y los 115.000 en 2016. Además, en los primeros diez meses de 2017 superaron los 113.000, de los que alrededor de 700 afectaron a empresas consideradas estratégicas, aunque con un impacto "mínimo" en su actividad.

Este crecimiento obedece a un aumento de la actividad delictiva en el ciberespacio, según ha apuntado el presidente del Incibe, pero también a factores como la mayor detección de los ataques, un aumento en las denuncias de empresas y ciudadanos y el elevado número de herramientas de uso cotidiano conectadas a Internet.

Hernández ha hecho hincapié en que el ciberespacio tiene unas características que lo hacen "especial", empezando por su realidad global y la posibilidad de que amenazas que se originan a miles de kilómetros tengan impacto en España en cuestión de "milisegundos". Además, es un espacio asimétrico porque pueden producirse impactos muy grandes que por otro medio hubieran requerido de mucho dinero y medios personales. Y es "muy atractivo" para la comisión de delitos por la dificultad para la atribución de las funciones.

En este sentido, ha evitado pronunciarse, tanto en la Comisión como en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, sobre la supuesta injerencia rusa en la crisis de Cataluña y las elecciones del próximo 21 de diciembre. 

Según informa 'VozPópuli', este alto cargo tenía instrucción de Moncloa de no entrar en tales cuestiones resbaladizas, más propias de ser tratadas en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, a puerta cerrada y con confidencialidad obligada para su miembros, que en una comisión abierta.

"Para determinar el origen hace falta una visión holística. El Incibe tiene una visión técnica y hace falta analizar el problema desde una visión más amplia", ha emplazado.

Eso sí, ha defendido que España cuenta con una estrategia en ciberseguridad que es "bastante completa" y establece con claridad sus prioridades, objetivos y líneas de acción.

Además, es referente para otros países que están desarrollando sus propios programas en la actualidad, como muchos de Latinoamérica.

LA MAYORÍA DE ATAQUES TIENEN UN FIN ECONÓMICO

En este contexto, el director del Instituto Nacional de Ciberseguridad ha apuntado que la mayoría de los ciberataques que se producen en España tienen un objetivo económico, ya sea a través del robo de información, la suplantación de la identidad de una empresa o el cifrado de un sistema para pedir un rescate a cambio de su desbloqueo.

Además, ha cifrado en más de 66.500 los hechos delictivos relacionados con el ciberespacio que investigaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2016, de los que aproximadamente un tercio fueron esclarecidos.

Hernández también ha abogado por trabajar para reducir la dependencia tecnológica de España y ha animado a desarrollar las capacidades industriales y formativas que ofrece la ciberseguridad, un espectro en continuo crecimiento que necesitará un elevado número de personal durante los próximos años.

En su intervención, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios han hecho hincapié en la importancia de que España esté preparada en materia de ciberseguridad y los ciudadanos y pequeños y medianos empresarios tengan conocimiento de las medidas de prevención a su alcance. En este sentido, la diputada del PP Ana Vázquez ha apuntado la necesidad de que los organismos de ciberseguridad cuenten con los medios materiales y humanos necesarios para desarrollar su labor, igual que el senador del Grupo Mixto, Pachi Yanguas, de UPN.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Luis Salvador ha insistido en la necesidad de organizarse bien para evitar "fallas" importantes y ha recordado que en un momento en el que se está promocionando el comercio electrónico y el mundo digital es necesario acompañarlo de medidas de protección.

Además, el senador de Unidos Podemos Joan Comorera cree que no se invierte lo necesario en la difusión de las medidas con las que cuentan los ciudadanos y el senador del PSOE Juan Carlos Raffo ha subrayado la importancia de la anticipación y el mundo del ciberespacio como sede de la "guerra híbrida".

Puede leer aquí el artículo de Alberto Hernández Montero que ha escrito para The Economy Journal