Rajoy pide al TC la paralización de todos los pasos del Parlamento catalán hacia el referéndum

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicita al Tribunal Constitucional (TC) que ejecute la sentencia que prohibe la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que prohiba todos los pasos que dé hoy el Parlamento de Cataluña para tramitar y aprobar la ley del referéndum.

Es lo que se denomina incidente de ejecución de sentencia, que puede solicitar el presidente del Gobierno sin necesidad de convocar al Consejo de Ministros, según han informado fuentes de Moncloa.

El Parlamento de Cataluña ha acordado -a través de los votos de la mayoría independentista- tramitar la Ley de Referéndum en medio de una gran bronca (en Catalunyapress). 

El incidente se presenta después de que el Pleno del Parlamento catalán ha votado a favor de cambiar el orden del día para incluir el debate y aprobación del proyecto.

El presidente solicita al TC la prohibición de todos los actos del Parlament: desde la tramitación y la admisión a debate, hasta el cambio en el orden del día del Pleno que se celebra este miércoles.

Se dirigirá contra cualquier acto que contravenga la sentencia de diciembre de 2015 en la que se prohibía todo paso que conduzca a la organización o celebración de un referéndum de independencia.

QUERELLA CONTRA FORCADELL

Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado a la Abogacía del Estado que pida al TC que actúe contra la presidenta de la Cámara legislativa regional, Carme Forcadell, por la posible comisión de un delito penal, así como contra los miembros de la Mesa del Parlamento que hayan votado a favor de la tramitación de la citada norma.

Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha aclarado que el jefe del Ejecutivo ha pedido a la Abogacía del Estado que presente un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) para que declare nulas las decisiones que ha adoptado hoy la Mesa del Parlamento catalán para dar trámite al proyecto de ley de referéndum. El asunto, según el Gobierno, ha sido ya registrado.

Este mismo 6 de septiembre, la Fiscalía Superior de Catalunya ha anunciado que presentará una querella por los delitos de desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament catalán que han aprobado la admisión a trámite de la Ley de Referéndum (Catalunyapress).

CONSEJO DE MINISTROS

Una vez que la ley esté aprobada, si se aprueba, explican las mismas fuentes, el Gobierno acordará un recurso ante el Tribunal Constitucional, para lo que será necesario convocar un Consejo de Ministros: encargará informe al Consejo de Estado y autorizará al presidente para que recurra. La previsión del Gobierno a primera hora de hoy era que este consejo tuviera lugar mañana.

Este mismo procedimiento, con reunión del Consejo de Ministros, es el que se tendrá que seguir si el Gobierno de la Generalitat llega a aprobar un decreto de convocatoria del referéndum. El Ejecutivo lo llevará igualmente ante el TC previo informe del órgano consultivo.

El Parlamento de Cataluña tramita este miércoles en sesión de Pleno la llamada ley del referéndum. El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, han advertido a la Mesa de que tramitar la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica supone desobedecer al Tribunal Constitucional (TC).

PLENO COMO UN ACTO DE FUERZA CONTRA LA DEMOCRACIA

Sáenz de Santamaría ha hecho una contundente declaración institucional en la que ha cargado especialmente contra Forcadell por actuar conscientemente en contra de la legalidad y las resoluciones del Tribunal Constitucional: "Demuestra que bajo su mandato ha muerto la democracia", ha dicho la vicepresidenta.

Ha calificado de "abochornante" el "espectáculo" del Pleno de hoy en el Parlament, un "acto de fuerza contrario a la democracia" y a los derechos de los parlamentarios, los derechos de los catalanes y de las competencias de los funcionarios. "El Gobierno garantiza que se mantendrá la dignidad de las instituciones", ha sentenciado.

El primer paso dado ya es lo que se denomina incidente de ejecución de sentencia, por el que el Gobierno solicita al TC que declare nulos y sin efecto la admisión a trámite de la ley del referéndum y todos los actos que se derivan de ella; también, el rechazo de las consideraciones planteadas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP en el Parlament contra esa admisión, así como la inclusión del proyecto en el orden del día del Pleno de hoy.

El Ejecutivo entiende que estos pasos del Parlament vulneran la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, la de julio de 2017 y los autos del julio y de octubre de 2016 y de febrero de 2017, todos ellos contrarios a la organización del referéndum de autodeterminación que se anuncia para el 1 de octubre y que prohíben cualquier paso hacia su celebración.

Además, la vicepresidenta ha precisado que el Gobierno solicita también al TC que proceda a deducir testimonio de particulares, que abra la vía para que se exijan responsabilidades penales a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa que han votado a favor y a "cualquier otra persona" que haya participado activamente en los procesos impugnados.

Santamaría ha explicado que se deben exigir esas responsabilidades porque el Constitucional obliga a los poderes públicos "a cumplir lo que el tribunal resuelva". "Nadie en ese Parlamento debe ignorar que votar esa proposición de ley tiene graves consecuencias y que debe respetar al menos la democracia a la que ha jurado servir", ha agregado. Estos miembros de la Mesa ya han sido apercibidos anteriormente por el TC por no impedir la reforma del reglamento del Parlament que permite la tramitación exprés de las leyes de desconexión.

NUEVOS RECURSOS ANTE EL TC

La vicepresidenta ha explicado que estos pasos tratan de evitar que la ley del referéndum se incorpore al ordenamiento jurídico, aunque ha insistido en que es una forma de hablar porque "ha desaparecido cualquier apariencia de democracia de la mano de la señora Forcadell".

Pero si aún así la ley se aprueba, el Gobierno se reunirá entonces en Consejo de Ministros para interponer recurso de inconstitucionalidad, previo informe del Consejo de Estado. Este mismo procedimiento se seguirá si la Generalitat decide aprobar un decreto de convocatoria del referéndum.

"Que nadie dude que sabemos lo que tenemos que hacer y que lo haremos", ha subrayado Sáenz de Santamaría, que ha recordado que el Gobierno cuenta con el respaldo de otros partidos políticos y especialmente de PSOE y Ciudadanos. Fuentes del Ejecutivo han precisado que es permanente el contacto con los líderes de ambos partidos, tanto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como el presidente de Cs, Albert Rivera.

"El Gobierno de la Generalitat y los partidos que lo sostienen actúan de la manera más radical que hay contra la ley y la democracia. Se impone la radicalidad, se impone el silencio y se impone la amenaza. El Gobierno no va a permitir que la ley se incumpla", ha recalcado.