El Gobierno utilizará al Constitucional para frenar el desafío soberanista

El Gobierno pasará a dar el protagonismo al TC para acabar con el desafío soberanista 

Las vacaciones de agosto han sido cortas para los políticos españoles. El Parlamento de Cataluña se puso este miércoles a trabajar, aunque retrasó la tramitación de la ley del referéndum para sortear a la Justicia.

Aun así, desde el Gobierno central no le quitan ojo a los movimientos del Ejecutivo liderado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y, aunque ya tienen claro que no utilizarán el artículo 155 de la Constitución, Moncloa tiene un plan para desactivar la independencia de Cataluña.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el Gobierno de Rajoy ha apostado por no aplicar el 155 por un motivo principal: "El Gobierno no va a tener que intervenir porque ya concedió los poderes necesarios al Tribunal Constitucional para que obre en consecuencia".

De esta forma, el protagonismo para acabar con el anhelo independentista de algunos catalanes lo tendrá el Constitucional. Este movimiento se produjo pocas semanas antes del 20D, cuando el Ejecutivo de Rajoy hizo valer su mayoría absoluta para sacar adelante una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional.

En el nuevo texto, el artículo 92.4, otorga potestad para suspender la autonomía de una comunidad si el gobierno de ésta va en contra de cualquier resolución judicial y/o de la propia Constitución.

El artículo reza así: “[..] Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes: a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado. b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”.

ESTRATEGIA JUDICIAL

Así pues, el Gobierno sigue una estrategia judicial, a lo que "disponga el TC" para evitar el choque de ambas administraciones como sí sucedería si se aplicara el artículo 155 de la Constitución.

Además, se cuenta con la colaboración de los jueces catalanes, que están habilitados para rechazar y no aplicar las leyes aprobadas por los diferentes parlamentos autonómicos.

Otro de los motivos de seguir esta estrategia judicial es no dar argumentos a los independentistas para ir contra el Estado evitando así el victimismo y rebajando la tensión.