La Comisión de Venecia recuerda a Puigdemont que solo es posible un referéndum pactado con el Estado

La carta de Carles Puigdemont a la Comisión de Venecia ha tenido respuesta. Este organismo con sede en Estrasburgo, recuerda al president de la Generalitat que cualquier referéndum tendría que “llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas”.

El presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, destaca que el organismo “ha enfatizado consistentemente la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en cumplimiento con la Constitución y con la legislación aplicable”.

En una misiva que el president envió el 29 de mayo informaba de la intención del Govern de celebrar un referéndum pactado con el Gobierno de Mariano Rajoy y pedía la colaboración de este organismo.

La denominada oficialmente Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho responde a Puigdemont que este organismo no hará nada al margen del Ejecutivo español. Y para ello, han enviado una copia de la carta al representante español en el Consejo de Europa, Luis Javier Gil.

Buquicchio agradece que Puigdemont haya informado a este ente consultivo del Consejo de Europa sobre sus intenciones y señala que “toma nota” de la voluntad del Parlament de cooperar con la Comisión de Venecia cumpliendo con su Código de Buenas Prácticas sobre Referéndums.

De hecho, en dicho Código se deja claro que “el principio de soberanía del pueblo permite que este tome decisiones solo de acuerdo con la ley”. 

Y que la celebración de un referéndum “debe ser permitida solo cuando se encuentre estipulado en la Constitución o en una ley conforme a esta”.

LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y LEGALIDAD DEL ESTADO DE DERECHO

El jurista y miembro de la Comisión de Venecia Josep Maria Castellà ha asegurado en relación al proceso soberanista catalán que "no se puede apelar a la legitimidad democrática contra o por encima del Estado de Derecho".

La Comisión de Venecia, cuyo nombre formal es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en derecho constitucional, está formado por juristas de los Estados y entre sus funciones está pronunciarse sobre la idoneidad de proceso refrendarios.

El conflicto entre legitimidad y legalidad se plantea en el proceso soberanista catalán porque la Generalitat apela a la posibilidad de celebrar un referéndum porque así lo han avalado los ciudadanos en las últimas elecciones --legitimidad--, mientras que el Gobierno muestra su rechazo apelando a la ordenamiento jurídico --legalidad--.

Josep Maria Castellà ha argumentado que la legitimidad va ligada a la legalidad en los Estados democráticos de derecho del entorno cultural europeo, por lo que, sin respeto al Estado de Derecho, "la democracia es revolucionaria y por lo tanto no tiene límites al poder".

"En cambio, la democracia constitucional compagina la legitimación democrática con el control del poder, la garantías de los derechos fundamentales y el sometimiento al derecho de autoridades y ciudadanos", reflexiona el jurista, doctor en Derecho y profesor de la Universitat de Barcelona (UB).

Aunque cada caso presenta sus "singularidades", Castellà señala que hay dos informes de la Comisión relativos a referéndums de secesión, el de Montenegro de 2005 y el de Crimea de 2014, y también se ha pronunciado sobre referéndums constitucionales y ha elaborado un código de buenas prácticas.

MARCO LEGAL Y SUPERVISIÓN

La Generalitat ha enviado esta carta a la Comisión sin especificar el marco legal con el que convocará a los ciudadanos y, preguntado por ello, Castellà señala que la Comisión aborda "reformas constitucionales o leyes relativas a cuestiones constitucionales y de derechos humanos una vez son publicadas".

En estos asuntos, el jurista recuerda que la finalidad de la Comisión es asesorar sobre la adecuación que presentan estas reformas o normas "a los estándares jurídicos europeos".

Según explica Castellà, la función de los juristas como él es debatir los informes que le plantean a la Comisión, además de intervenir en la elaboración de estos informes como ponentes; también participan en foros académicos y en misiones de "supervisión electoral".

Cada Estado miembro de la Comisión, ahora son 61, designa a dos miembros normalmente especialistas en derecho constitucional, éstos no tiene ningún mandato y actúan "libremente", de acuerdo con criterios jurídicos y no representando a los Estados.

Expone que, siendo él miembro de la Comisión, nunca se han votado los informes y todos se han adoptado por consenso; en el caso de España, el encargado de designar a sus dos miembros es a propuesta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.