Ocho de cada diez inmigrantes que viven en España llevan más de una década en el país

El 82,7% de los extranjeros de países de fuera de la Unión Europea que viven en España cuentan con un permiso de larga duración, de modo que llevan ya más de una década en el país, cuando en el año 2007 eran menos del 34% los que se encontraban en esta situación estable y la mayoría necesitaba renovar sus permisos.

En total, a 30 de junio de 2016, se contaban en España 5.017.406 extranjeros de los que casi 2,1 millones, el 41,7%, procedían de países de fuera de la UE. Diez años antes la cifra global era más baja, 3,5 millones de personas con tarjeta de residencia en vigor, aunque con más oriundos de esos terceros países, 2,2 millones establecidos legalmente en el país, el 64,25% de los extranjeros.

Su situación era entonces más inestable: el 33,59% tenían un permiso permanente, que ahora ostentan más del 80%. Del resto, 4 de cada 10 estaban pendientes de la primera renovación de su autorización, un 13,27% esperaban la segunda y el 11,95% tenían aún el permiso inicial. En la actualidad, son el 17,2% los que se encuentran en este tipo de situaciones temporales, ya sean con permisos para trabajar por cuenta ajena (7,37%) o propia (0,36%), por reagrupación familiar (4,83%) o por razones humanitarias (0,3%) y de arraigo (1,60%).

Se debe a que la mayor parte de los inmigrantes que figuraban entonces habían llegado durante los años justo anteriores, la "década prodigiosa de la inmigración" en España, según los expertos, y que a partir de 2007 alcanzó un punto de inflexión: Las llegadas irregulares cayeron un 54% primero y un 26% el año después; las remesas se redujeron en 2008 por primera vez desde el 2000 y los flujos regulares comenzaron a retroceder en 2009 dejándose un 34%, y aunque se han estabilizado desde 2013, cuando la caída era ya de 53%, no han vuelto a recuperar aquel ritmo.

El catedrático y Director del Departamento de Sociología II de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Arango, director científico del Anuario de la Inmigración que publica el CIDOB desde 2007, recuerda que entre 1998 y 2008, España pasó de 1,5 a 6 millones de extranjeros pero "todo cambió con la llegada de la crisis". "Se tradujo en un fortísimo aumento del desempleo con un impacto muy directo sobre los flujos migratorios, reduciéndose los de entrada e incrementándose las salidas hasta un saldo migratorio negativo", afirma.

3,3 MILLONES DE EMIGRADOS DESDE 2008

El primer año con más salidas que llegadas fue 2010, que arrojó un saldo negativo de 42.675 personas, aunque se tocó fondo en 2013, cuando la pérdida fue de 251.531. Arango considera que en este contexto, "se exageró" al hablar de éxodo de españoles: De los 3,3 millones de personas que según el INE, se habrían marchado desde 2008, eran 518.519 los de nacionalidad española y 484.816 los nacidos en España. Además, desde 2013 y hasta el primer semestre de 2016 se han nacionalizado 638.807 extranjeros.

La situación de los inmigrantes que siguieron en España también cambió. La década previa a la crisis se caracterizó por la proliferación de asociaciones que canalizaban reivindicaciones de sus compatriotas frente a explotación laboral, discriminación o reformas de extranjería. Algunas de estas entidades, como ATIME, decana en la representación de los marroquíes en España, desaparecieron. Otras, como Rumiñahui, la más importante del colectivo ecuatoriano, recondujeron sus esfuerzos a atender a los más afectados por la crisis, especialmente familias desahuciadas, y apoyar programas de retorno.

REFORMAS: MÁS TIEMPO EN LOS CIE, RECHAZO EN FRONTERA

Precisamente, en esta década se han acometido 5 reformas en la Ley de Extranjería, un texto del año 2000 que ha sido revisado 10 veces, como cuando en 2009 se adaptó a la Directiva Europea de Retorno y se amplió de 45 a 60 días el tiempo máximo de retención en los CIE o como la introducida vía Real Decreto Ley en 2012, que dejó a los extranjeros en situación irregular sin tarjeta sanitaria.

Junto a aquellas, fue polémica la reforma de 2015, cuando tras sucesivas denuncias sobre las devoluciones sumarias de inmigrantes a Marruecos en la valla de Melilla y una causa judicial, el Gobierno introdujo un régimen especial para las ciudades autónomas a fin de avalar esta práctica. Introdujo para ello la obligación de que las devoluciones se practiquen respetando las condiciones del Derecho internacional, pero según ACNUR, siguen como antes.

La reforma se produjo después una de las mayores tragedias de la inmigración a España de esta década, la muerte de 15 personas en El Tarajal, en Ceuta, cuando en febrero de 2014 intentaban cruzar a nado desde Marruecos mientras la Guardia Civil utilizaba medios antidisturbios para disuadirles. La causa fue reabierta en enero de 2017. Otro grave suceso había tenido lugar en 2012, cuando una patrullera de la Guardia Civil arrolló a una patera en Lanzarote en la que un joven falleció y 6 desaparecieron, en un caso archivado en 2015. Además, en enero de 2017 el mar devolvió el cadáver de un niño de 4 años a una playa de Cádiz, víctima de un naufragio.

DE INMIGRANTES A REFUGIADOS

De hecho, aunque las llegadas irregulares por vía marítima están en descenso desde 2007, siguen arribando pateras. Según el Ministerio del Interior, aquel año en el que se firmaron acuerdos para frenar las salidas con una decena de países africanos, llegaron 18.057 personas por mar, un 53,9% menos que en 2006. El año con menos llegadas fue 2010, con 3.632, y aunque el volumen va remontando desde entonces, las 5.312 del año pasado están lejos de las más de 30.000 de 2006.

Destaca de este periodo el cambio de perfil en quienes se ven abocados a estas alternativas peligrosas, pasando de hombres jóvenes en busca de oportunidades a refugiados de todo género y condición, incluso familias enteras, que huyen de la guerra y la persecución. Destaca el caso de los sirios llegados vía Melilla y cuya afluencia motivó que el Gobierno abriese oficinas para solicitar asilo en las fronteras de las ciudades autónomas en 2015, cuando 7.189 personas de esta nacionalidad cruzaron Beni Enzar.

Aunque en plena crisis humanitaria mundial, con más de 65 millones de desplazados forzosos en todo el mundo y más de un millón y medio llegados a la UE desde 2015, España ha alcanzado sus propios récords de solicitudes de asilo (15.775 en 2016 y 14.881 en 2015), en toda esta década ha recibido en torno a 65.500 peticiones, menos de las decepcionadas por Reino Unido, Alemania o Suecia sólo el año pasado. Además, el Estado está involucrado en la consecución de los objetivos de reasentamiento y reubicación propuestos por la Comisión Europea, pero de las más de 17.000 personas que debiera recibir antes de septiembre de 2017, a principios de marzo habían llegado 1.140.

LA INTEGRACIÓN, EL GRAN RETO

Esto, sumado al hecho de que la Ley de Asilo aprobada en 2009 que introdujo cambios en todo el procedimiento, como eliminar la posibilidad de pedir protección en las embajadas, aún no tiene reglamento que la desarrolle, que hay más de 16.000 peticiones pendientes o que persiste el modelo de los CETI aunque ahora acoge solicitantes, hace que entidades como el ACNUR y organizaciones como CEAR cuestionen que España sea país para refugiados.

Ponen el foco en la integración, al igual que Arango cuando habla de la inmigración en general, pues afirman que es ahí donde se juega la estabilidad. Primero, porque los inmigrantes no han dejado de llegar y lo harán en mayor medida cuando mejore la situación laboral y segundo, porque en un contexto mundial de reparto de la responsabilidad de proteger a quienes huyen, España no puede seguir siendo un país de tránsito para estas personas. Adecuar y mejorar el sistema de asilo es el primer paso para evitarlo.