​Los estibadores presentan una contraoferta basada en la propuesta de Fomento

Los sindicatos de estibadores han presentado este martes en la mesa de negociación con la patronal y el Gobierno su respuesta a la propuesta de acuerdo que el Ejecutivo les planteó en la última reunión, la del pasado miércoles.

En esta contrapropuesta, los estibadores plantean flexibilizar el plan de prejubilaciones planteado por el Gobierno, para que no dependa solo de la edad del trabajador. Asimismo, insisten en garantizar a través de un instrumento legal la subrogación de los trabajadores del gremio por las empresas de la estiba, según informaron en fuentes del sector.

Los sindicatos de la estiba (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO, UGT, CIG y USO) plantearon esta respuesta en la reunión que mantienen desde las 16.00 horas con la patronal Anesco, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y el mediador en la negociación, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marco Peña.

Tras la presentación de la contrapropuesta, las partes sentadas a la mesa convinieron en tomar un receso para analizar unilateralmente las nuevas propuestas, para luego retomar la reunión conjunta.

La reunión gira así en torno a la propuesta de acuerdo planteada por el Gobierno la pasada semana, la víspera de que el Congreso tumbara el Decreto Ley con el que pretendía cambiar el régimen legal de la estiba para liberalizarlo, que cumpla la normativa europea y evitar una multa de la UE.

Fomento confía en que un acuerdo de los agentes del sector en torno a su propuesta contribuya a levantar el bloqueo de los grupos políticos al cambio legal.

En su propuesta, el Ministerio propone la subrogación del colectivo de estibadores, actualmente integrado por 6.150 trabajadores, por parte de las empresas del ramo y, en paralelo, ofrece un plan de prejubilaciones voluntarias para aquellos que cuenten con 50 o más años de edad, que se retirarían con un 70% de su salario.

Además, contempla el compromiso del Gobierno a garantizar el eventual acuerdo mediante la constitución de una comisión de seguimiento, y el de empresas y sindicatos a pactar medidas que mejoren la productividad en los puertos.